LA INOPERANCIA PUEDE SER MÁS PELIGROSA QUE LA MALA FE

Es conocido, sea en forma consiente o inconsciente que la mayoría de los servicios que afectan (sea en forma positiva o negativa) la vida de los ciudadanos en nuestro país son de índole público.

Dentro del marco de servicios que recibimos es importante destacar que existen una serie de beneficios o privilegios que los ciudadanos no utilizamos, en forma puntual me refiero al derecho constitucional de exigir daños y perjuicios y los daños morales por un servicio no proveído o porque este haya sido proveído en forma deficiente.

He notado como la ciudadanía en general se va adaptando a nuevas alternativas técnicas de información y procesos para sus nuevos trámites, como los que se dan en algunos entes estatales como las dependencias del ministerio de relaciones laborales y la función judicial.

Creo profundamente que la inacción de los ciudadanos coadyuva a que ciertos cambios que pudieran ser beneficiosos para la sociedad se den en forma menos precisa y precipitada.

Debo hablar por el caso particular que conozco, siempre lo hago de esta forma, de mi parte solo me referiré a lo que sucede en la función judicial, que por motivos de mi profesión es el ente público con el cual tengo mayor cercanía.

Dice un adagio popular “un tonto hace más daño que un mal intencionado”, nada más cierto. Respecto a los hechos que me voy a referir agregaría que un ineficiente es aún más peligroso que el tonto que superó al mal intencionado.

La ciudadanía debe saber que dentro de la función judicial el despacho de procesos se ha actualizado, en forma informática de manera notable, ya no solo se pueden revisar los procesos en la web de la función judicial, sino que las notificaciones se reciben de manera electrónica mediante el email que previamente hemos señalado, para impulsar un proceso no se precisa presentar varios escritos como antes sino que se puede realizar lo que en los juzgados de denomina un requerimiento, esto no es más que un impulso electrónico vía Mail del usuario hacia quien despacha el proceso, adicionalmente existe en la página de la función judicial un directorio telefónico que con tan solo ingresar el nombre del funcionario y la provincia donde se desempeña se puede obtener el correo electrónico y la extensión telefónica del mismo, obviamente con el fin de impulsar los procesos en cuanto a derecho cabe y no para otro uso.

Con todos estos implementos electrónicos y ventajas o beneficios debería entenderse que el servicio a proveer por la función judicial en general sea en el ámbito jurisdiccional como en el administrativo, estarían exentos de aquellos “errores” de antaño como la mora en el despacho de causas.

Es increíble ver como en ciertos procesos en general el despacho es extremadamente eficiente y veloz para una de las partes y como en otros resulta ser todo lo contrario.

Esta situación obedece a una fuerza externa cuya “motivación” como exige la ley, es bien conocida, desde tiempos inmemoriales, me atrevería a decir que es tan antigua como “el comercio”.

Es dable que con todos esos implementos y herramientas tecnológicas exista mora en los despachos?, Es justificable acaso, el que un funcionario se preocupe más porque un usuario “está remitiendo requerimientos a mi dirección y a los juzgados a través de los correos personales asignados, lo cual puede representar medios no autorizados para que los usuarios presenten sus reclamos…..”, que por la verdadera provisión de un servicio eficiente a la ciudadanía?. Más aún que en un claro desconocimiento
de las herramientas que la institución a la que pertenece provee a los usuarios (porque de lo contrario no estarían al alcance del público) , pretenda justificar el no despacho de causas o manifestar su simple disconformidad ante un ciudadano que exige que el servicio por el que paga (mediante los impuestos estatales correspondientes) se realice con profesionalismo y la responsabilidad que amerita, me parece un acto ignominioso de ineficiencia e inoperancia.

Vale la pena recordarles a los funcionarios público, no solo que su función de servidores los compromete para con la ciudadanía, sino que esta tiene acciones por ejercer contra un servicio deficientemente proveído, como lo son las constitucionales contra el estado, así como la capacidad del estado de repetir contra el funcionario ineficiente que produjo ese daño contra el ciudadano y cuyo reconocimiento corresponde indemnizar al estado por haber puesto a ese funcionario en dicho cargo.

Es urgente que la ciudadanía conozca de estas acciones y la ejerza, a fin de que el sistema público realmente su vuelva funcional y acorde a las necesidades que requerimos los ciudadanos.

Es urgente que los funcionarios públicos entiendan que su inoperancia así como los actos contrarios a la ley tienen responsabilidades que probablemente no sean reclamandas al momento de estar en goce del “poder” que en forma equivocada creen algunas personas que reviste el ocupar un cargo público, sin la eficiencia, humildad y compromiso que este requiere.

Conviene conminar al estado a fin de que que haga ejercicio de la acción de repetición del estado contra los funcionarios por cuyos actos y omisiones han causado un perjuicio a la ciudadanía, a fin de que el “capital político” que tanto se valora en estos tiempos no se revelé ante las injusticias que en no pocas ocasiones se observan en varias instituciones estatales.

RQG

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